Archivo mensual: octubre 2013

¿Salirse del euro?


Por Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

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La aplicación de las políticas neoliberales promovidas por la Troika (el Fondo Monetario Internacional, FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, BCE) e impuestas por la mayoría de gobiernos en la Eurozona han empeorado sustancialmente las economías de estos países. Sus políticas de austeridad de gasto público (forzándoles a reducir el déficit y deuda públicos, a fin de dar confianza a los mercados financieros) y su énfasis en la devaluación doméstica vía reducción de los salarios (en teoría para hacer la economía más competitiva, facilitando así el crecimiento de las exportaciones, crecimiento que se considera como el punto fuerte para salir de la crisis económica) han demostrado ser un fracaso. La Eurozona está ya desde 2007, más de cinco años, en la mayor recesión conocida en tales países, con el mayor desempleo conocido en esta zona monetaria, que alcanza niveles sin precedentes en los países de su periferia.

Es importante aclarar que ello era predecible. Tales políticas, promovidas por el FMI durante muchos años, han creado los mismos resultados negativos en cualquier lugar en el que se hayan aplicado. No es la primera vez que se aplican, y siempre (repito, siempre) han llevado a los mismos resultados negativos en los países a los que se impusieron dichas medidas. Uno de los casos más recientes fue el caso de América Latina, gobernada en la década de los años noventa por gobiernos conservadores y liberales que siguieron a pies juntillas las recetas del FMI. El coste social y humano fue enorme creando, como respuesta, una rebelión generalizada en contra de tales políticas, con elección en gran número de países comprometidos en interrumpir tales políticas.

El caso argentino

Uno de los primeros países en romper con este neoliberalismo fue Argentina, país que había sido hasta el 2001 el alumno ejemplar del FMI. Este país había ido acumulando deuda desde 1976, cuando se estableció un régimen militar que hizo lo que los gobiernos militares suelen hacer: aumentar enormemente el gasto militar pagándolo con deuda pública. Esta subió de 8.000 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones siete años más tarde, cuando la dictadura terminó. Para reducir esa deuda, el gobierno de Carlos Menem siguió la receta del FMI y de Washington, aplicando medidas de claro corte neoliberal (como siempre ocurre cuando se considera que el mayor problema de un país es su llamada indisciplina fiscal, es decir, elevado déficit y gran deuda pública). Y uno de ellas era fijar el valor del peso argentino al del dólar estadounidense. El peso no podía devaluarse. Tenía que fijar su valor al del dólar.

Como ocurre en la Eurozona, dichas políticas redujeron la inflación, que es lo que la banca –cuyo mayor enemigo es la inflación- deseaba. Pero ello se consiguió a costa de unos problemas enormes, como ocurre en la Eurozona, con un gran crecimiento del desempleo, de la pobreza y de las desigualdades. La enorme reducción de la demanda creó una parálisis económica que empeoró todavía más el déficit y la deuda pública. Repito que esto que está pasando en la Eurozona estuvo pasando en América Latina. Era, pues, extraordinariamente predecible.

De ahí que el gobierno argentino decidiera romper con el FMI, con sus recomendaciones, y variara casi 180º las políticas que había estado imponiendo a la población. Rompió la paridad del peso con el dólar, permitiéndole así devaluar el peso argentino, haciendo los productos más baratos y más competitivos. En lugar de devaluar los salarios, devaluó la moneda. Otra medida que el gobierno argentino adoptó fue un aumento del gasto público financiado a través de políticas fiscales progresivas que tuvieron un impacto redistributivo muy acentuado, permitiendo una reavivación de la demanda doméstica, que fue el motor del estímulo económico. Todos los datos muestran que fue este aumento de la demanda doméstica lo que fue responsable del enorme crecimiento económico que se inició a pocos meses (sí, a pocos meses) de que se tomaran tales medidas en 2001-2002.

El PIB aumentó un 90% en diez años, siendo uno de los países que ha crecido más en América Latina (con un crecimiento anual del 8% y 9% hasta 2009), alcanzando el PIB que había tenido antes de iniciarse la crisis en tres años después de iniciarse tales políticas. Como resultado de ello, la pobreza pasó de afectar a alrededor del 50% de la población en 2002 a alrededor del 20% en 2010, y las desigualdades de renta (que en 2001 eran 32 veces mayores entre el 5% superior de la población con mayor renta y el 5% inferior) bajaron a 17 veces, y el desempleo bajó, reduciéndose a más de la mitad (bajando al 8% en 2010).

Un factor que contribuyó a estos desarrollos positivos fue el renegociar la deuda externa, de manera que dicha deuda se devaluó, pasando a valorarse de 62.500 millones de dólares a 35.300 (una reducción del 42% que tuvieron que absorber los acreedores). Ello permitió reducir considerablemente el pago público por los intereses de la deuda, lo cual permitió que el déficit público se eliminara, pasando de un déficit del 5,6% del PIB en 2001 a un superávit del 1,9% en 2005. (Y la deuda pública pasó del 113% del PIB en diciembre de 2001 a un 72% en el mismo periodo). Se mire como se mire, el cambio de rumbo fue positivo para el país.

La respuesta de los medios europeos de información a esta realidad: su sesgo neoliberal.

La cobertura por la mayoría de los medios de información de la realidad de América Latina, incluyendo la existente en Argentina, ha sido extraordinariamente sesgada, dando una visión muy negativa de lo acaecido en aquel continente y en aquel país. Los mismos medios que han estado promoviendo las medidas neoliberales que la Troika está promoviendo en la Eurozona, han presentado el caso de Argentina (y el de otros países que han roto con el neoliberalismo) como un desastre. En un excelente artículo de Julien Mercille “European Media Distort The Lessons of Argentina’s Crisis and Recovery” (del cual he extraído la mayoría de datos de este artículo), el autor muestra en detalle el enorme sesgo de la prensa de mayor difusión en su intento de desacreditar la experiencia de Argentina y otros países que han roto con los preceptos de la Troika, intentando por todos los medios (con todo tipo de falsedades y manipulaciones) evitar que aquella experiencia se contagie a la Eurozona.

Es interesante notar que, últimamente, una vez mostrado que el desastre anunciado para Argentina por parte de estos medios no ha ocurrido, y que, antes al contrario, Argentina ha recuperado su crecimiento y reducido su pobreza, su desempleo y sus desigualdades, estos mismos medios intentan ahora atribuir dicho éxito a causas ajenas a las políticas llevadas a cabo por el gobierno argentino, tales como asociar el crecimiento tan notable de la economía argentina al crecimiento del comercio internacional, que ha incrementado la demanda de los productos argentinos resultado del boom económico internacional. Este argumento ignora que el crecimiento económico argentino, sin embargo, estuvo motivado por la demanda doméstica, no por el incremento de las exportaciones que, en realidad, disminuyeron. Las exportaciones bajaron de un 25% del PIB en 2002 a un 18% en 2010.

Otro argumento utilizado para desmerecer el caso de Argentina es el que asume que la renegociación de la deuda argentina a costa de los acreedores ha creado una supuesta dificultad en conseguir crédito internacional, una amenaza constante que se considera como insalvable. Pero este argumento ignora que el capital invertido en Argentina procedía, en gran parte, del propio país, siendo el sector público el que impulsó tal inversión masiva, financiada con un aumento de los ingresos al Estado (consecuencia de su reforma fiscal) en lugar de con crédito internacional, realidad igualmente aplicable a España, donde el Estado podría ingresar algo más de 72.000 millones de euros corrigiendo el fraude fiscal (extendido, en particular, entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca).

Una crítica más acertada y válida del caso de Argentina es que la inflación (un 31% en el periodo 2007-2008) es muy elevada, incluso para los niveles latinoamericanos. Ahora bien, tal y como señala Mark Weisbrot, esta elevada inflación no es rara en momentos de transición de un nivel de desarrollo bajo a otro más elevado, como también ocurrió en Corea del Sur. Aún así, este factor negativo no puede negar los otros positivos.

Dos últimas observaciones. Una es que es urgente que se abra un debate en España sobre el mérito o demérito de salirse del euro. En este aspecto, es criticable que apenas exista debate sobre este tema. Incluso en amplios sectores de izquierda apenas aparecen artículos que cuestionen la permanencia de España en el euro. De ahí que tal debate debería darse con especial énfasis entre las izquierdas, sin insultos, sarcasmos o sectarismos.

La otra observación es que aquellos desde la izquierda que se oponen a salirse del euro, no están indicando cómo el mayor problema económico (además de social) que España tiene, es decir, el desempleo, podrá resolverse en este país. Las propuestas más avanzadas en este sentido son las propuestas de la Confederación Europea de Sindicatos, que avanzan políticas públicas de clara orientación expansiva, con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Pero para realizarlas y llevarlas a cabo, se requieren cambios sustanciales en el contexto político del establishment que gobierna tanto la Eurozona como el euro. La arquitectura institucional de la Eurozona es, por diseño, liberal, y es dificilísimo que ello cambie, condenando a España a un desempleo y precariedad por muchísimos años. Si se oponen a salir del euro, deberían explicar cómo piensan resolver el enorme desempleo y el gran descenso de los salarios en España.

Fuente: Diario Público.es

“La comisión de investigación de la sanidad ha sido una operación de maquillaje”


El próximo día 15 de Noviembre, ATENEO organiza en Zaragoza una mesa redonda bajo el título URNAS Y CALLE “Salidas a la crisis y opciones electorales”.
Contaremos con la participación de Joseba Eceolaza, exdiputado autonómico de Batzarre-Izquierda de Navarra, Isabel Vallet, diputada autonómica de las CUPs, Candidaturas por la Unidad Popular de Catalunya y un miembro de “Alternativas desde Abajo” AdA, de Madrid.

Aqui os dejamos una interesante entrevisa que dias pasados la diputada Isabel Vallet concedió sobre la sanidad catalana en ElDiario.es

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Isabel Vallet (Alzira, 1980) ha sido representante de la CUP en la comisión de investigación de la sanidad catalana. Nos recibe en el Saló dels Passos Perduts del Parlament de Catalunya, cámara a la que llegó hace cuatro meses, en sustitución de la diputada Georgina Rieradevall. Es licenciada en derecho y máster en Derecho Penal. Ha trabajado como asesora jurídica en varias administraciones de la Generalitat. Es militante de la CUP de Gracia (Barcelona) y de Endavant.

En su opinión, ¿por qué ha habido tantos casos de irregularidades en la sanidad catalana?

Nosotros entendemos que es culpa del modelo de cohabitación público-privado. Es el facilitador de todo lo que está pasando: de la derivación del dinero público a las empresas privadas. Los modelos de gobernanza que se basan en las teorías de la nueva gestión pública y, por tanto, la imposición de todos los principios neoliberales, son los facilitadores de que se hayan pasado por alto todas las legislaciones administrativas para que lo público se gestione de la forma que se hace en el sector privado. Relacionan la gestión pública con ineficiencia y gestión privada con eficiencia, pero no hay cifras que lo sustenten. Todo lo contrario: las cifras demuestran que los costes de tratamiento son más elevados en el sector privado.

¿Quiere decir que está a favor de integrar los centros concertados en el ICS?

Nosotros defendemos un sistema único público, de gestión y de propiedad 100% pública. Lo que caracateritza el sistema actual como público no es la propiedad de los centros o de los servicios, sino la centralización de la contratación de estos servicios por la parte pública. Entonces hay proveedores privados que, de manera descentralizada, prestan servicios, pero como son pagados por la parte pública, se consideran públicos. Es decir, que tiene acceso universal pero tiene proveedores privados en muchos casos. El modelo 100% público que defendemos existe en otras comunidades autónomas u otros países como Canadá.

En este modelo, los centros seguirían teniendo autonomía de gestión?

Con una autonomía de gestión bien entendida sí, pero si se entiende como una forma de huir del control administrativo, no. Puede haber autonomía de gestión si se siguen criterios como el arraigo al territorio, la cooperación, la solidaridad. Sobre todo que el acceso sea universal, que no haya exclusiones y que sea de calidad. El problema es que el término ‘autonomía de gestión’ se ha pervertido hasta el punto de que los centros se han gestionado como si fuera una empresa privada.

Ha sido muy crítica con la comisión de investigación del sistema sanitario. ¿Qué ha fallado?

Ha fallado todo. Ha fallado la voluntad de investigar. Desde el inicio hay un pacto de silencio entre CiU y el PSC y realmente se ha gestionado como si fuera un trámite que había que acabar cuanto antes. Ha fallado la metodología porque ha tenido muchos déficits estructurales, han comparecido muchas personas en sesiones maratonianas. La información llegaba tarde, de manera parcial. También hay cuatro casos que están bajo secreto de sumario, que se están instruyendo en los juzgados. Lo que teníamos no nos dejaba dibujar un hilo argumental correcto de todo lo que había pasado. Faltaba información.

También ha criticado la actitud de los comparecientes.

Sí. Algunos de ellos han venido con una actitud prepotente, han venido a no decir nada, a lavarse la cara. Es la actitud de quien se siente impune. Es decir, que su paso por la comisión no les supondrá ningún agravio. Yo recuerdo sobre todo la actitud del señor Bagó, que fue realmente insultante.

Usted habla de impunidad en algunos casos.

Sí. Si la investigación sobre el caso de las Cotxeres Borbó en el que está investigado Bagó no sale adelante es por algo. Si Prat, Crespo y toda la sociovergencia sanitaria no están imputados es porque son gente muy poderosa. Son gente que hace 30 años que mandan en la sanidad, que tienen todas las empresas. Padrosa estaba en el consejo de administración de 14 empresas relacionadas con Fisiogestión. Y se benefician de un pacto de silencio por parte del PSC y del PP.

¿Son útiles estas comisiones de investigación?

Si todas las comisiones funcionan como ésta, no sirven de nada. Son un ejercicio de propaganda política. Han servido para que toda aquella gente, cuya gestión está bajo el punto de mira, haya dicho “yo he hecho un ejercicio de transparencia, he ido a la comisión”. El hecho de ir a la comisión con estas actitudes, a decir “de eso no me acuerdo”… les ha servido para que justificarse: “mira cuan comprometido estoy con la gestión pública”. Les ha servido como una operación de maquillaje.

¿Por qué han salido del Pacte Nacional per la Salut?

Precisamente porque este pacto no sólo evitaba cuestionar nuestro modelo sanitario sino que también pretendía reforzarlo. Es decir reforzar la descentralización, los modelos de gobernanza basados ​​en la gestión privada, la cohabitación público-privada. Visto todo esto y la operación de maquillaje que ha representado la comisión de investigación, vimos que este pacto no era un espacio válido para debatir sobre este modelo. Los comparecientes del pacto de salud eran las mutuas sanitarias, las aseguradoras, las grandes empresas hospitalarias. Y además, quien se encargaba de fijar los contenidos era Esade, una escuela de negocios. No puede ser que Esade fije un modelo de sanidad que nosotros entendemos que tiene que escapar de la mercantilización.

Ustedes defienden otro pacto con diferentes organizaciones.

Hace semanas que estamos trabajando con plataformas de usuarias, de trabajadoras en lucha y con personas que han reflexionado sobre modelos alternativos. Queremos organizar unas jornadas que han de servir para escribir el tipo de modelo que queremos. Hemos salido de una cosa oficialista para construir un polo activo, desde la base, contra todo lo que está pasando en la sanidad.
La diputada de la CUP Isabel Vallet. /EDU BAYER

En Cataluña, a pesar de una movilización en varios centros, no ha habido una marea blanca como en Madrid. ¿Cómo lo explica?

Depende de los centros. En Can Ruti (Badalona) los trabajadores han mantenido una movilización constante dentro del hospital con las camisetas negras o la campaña “No te vayas sin hora”, que denuncia el fraude en las listas de espera. El problema es que la lucha está muy atomizada y le falta lo que está pasando en Madrid, es decir, una mayor visibilidad. El otro motivo es que Madrid ha optado por la forma “chapucera” a la hora de llevar a cabo la privatización, mientras que aquí la burguesía y parte del mundo corporativo han hecho calar la idea de que estamos en un modelo diferenciado. Esto provoca que una parte de la gente todavía esté anestesiada porque va al médico y ve que no le cobran y que por tanto es público. Se deberán dar más pasos, que los recortes vayan en paralelo al aumento del negocio del sector privado, para que esto los usuarios lo acaben palpando. Ahora estamos viendo toda una serie de servicios que han dejado de ofrecerse por parte del CatSalut.

¿Cree que estamos yendo hacia una mercantilización del sistema sanitario?

Sí. Tomamos el ejemplo del Hospital Clínic, que ha cerrado 74 camas que se han derivado a Capio, una multinacional privada de sanidad. El negocio privado aumenta en detrimento del público. Esto también ocurre con el hospital de Viladecans, el que querían rebajar de categoría para que se pudiera beneficiar de ello el hospital de Sant Boi, que es privado. También se potencia la privada cuando se alargan las listas de espera en la pública. Estamos yendo hacia el modelo del Reino Unido, donde los recortes han provocado que se multipliquen las denuncias por negligencia. Pero este es el modelo de referencia de Boi Ruiz.

En este contexto de enfoque en el debate soberanista, ¿cuesta imponer otros temas en la agenda política, como la sanidad?

Ellos quieren que cueste más. CiU y ERC hacen este discurso de “primero la independencia y después ya veremos”. Y lo hacen precisamente para que el punto estrella sea la situación nacional y que la situación social quede escondida. Precisamente por eso, nuestra campaña Independencia para cambiarlo todo dice que ahora tenemos una oportunidad histórica para que la crisis nacional sea una rendija con la que someter a decisión todas las cosas que nos afectan, entre ellas la sanidad.

¿Por qué cree necesaria la independencia?

Por un lado, para garantizar la supervivencia de una realidad histórica, de un sujeto político que son los Países Catalanes. Pero esta independencia debe servir para cambiarlo todo: para la liberación de nuestra clase, para garantizar la no sumisión de las mujeres al sistema político patriarcal y liberarnos como género. Es un momento histórico: la ruptura con el Estado español debería suponer la apertura de un proceso constituyente que permita poner a decisión todos los aspectos de nuestra vida.

¿Como se posicionan ustedes en relación con el Proceso Constituyente?

Celebramos todo lo que pretenda una ruptura con el capitalismo, el Estado español y el patriarcado. Ahora bien, nos gustaría que fuera un espacio movilizador, capaz de hacer frente a lo que está pasando y no lo hubiéramos enfocado tanto en clave electoral como lo han enfocado ellos.

¿Quiere decir que ustedes no se plantean ir con una lista común?

La CUP no lo ha decidido, lo está hablando pero no tenemos ninguna propuesta por parte del Proceso Constituyente más que lo que vemos en los medios de comunicación. Veo complicado que nosotros podamos confluir con la izquierda institucional que representan ICV o EUiA porque tienen un memorial de agravios durante su gestión que nosotros no olvidamos: las cargas durante las movilizaciones contra el plan Bolonia, toda su gestión en Interior, cómo firmaron las nóminas millonarias de Serra y Todó… Y además, no son anticapitalistas, ellos defienden la socialdemocracia, el capitalismo de rostro humano.

La criminalización de la protesta: una visión europea


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Autor: Jaume Saura
Fuente: ElDiario.es

La semana pasada Aida Guillén explicaba en estas mismas páginas cómo el informe del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa le sacaba los colores al Gobierno de España en relación con el impacto en materia de derechos sociales que estaban teniendo los recortes presupuestarios en nuestro país, en particular por lo que se refiere a menores de edad y personas con discapacidad. El mismo informe, en su último tercio, abunda en otro de los grandes ejes de la regresión en derechos humanos que estamos sufriendo de un tiempo a esta parte: los abusos del Estado en el marco de su función represiva y la criminalización de la protesta. En particular, cuatro son los temas que preocupan al comisario.

El primero, en absoluto novedoso, es la práctica continuada de la “detención incomunicada”: la mayor parte de las demandas por torturas presentadas contra España en organismos internacionales, dice, “hacen referencia a los malos tratos infligidos por la Guardia Civil a personas que se encontraban bajo detención incomunicada”. En este sentido, el Institut de Drets Humans de Catalunya ha publicado un informe recientemente sobre distintas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenan al Reino de España por falta de investigación de alegaciones creíbles de torturas.

Pero también el Comité contra la Tortura de la ONU ha determinado en un par de casos que España había vulnerado la Convención contra la Tortura debido a investigaciones inadecuadas tras alegaciones de tortura en la detención incomunicada. La preocupación del comisario es comprensible habida cuenta que el proyecto de enmienda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lejos de suprimir o al menos limitar en tiempo y alcance la figura de la detención incomunicada, podría ampliarla a nuevos supuestos.

En segundo lugar, el comisario se refiere a los malos tratos que sufren los migrantes tanto en los Centros de Internamiento de Extranjeros como durante los procedimientos de expulsión. También se refiere a sentencias y recomendaciones de organismos internacionales que critican la práctica de la policía de elaborar perfiles basados en el origen étnico y, si bien se congratula de la anulación del reglamento interno que lo permitía y su sustitución por una nueva circular de 2012 aparentemente más respetuosa con los estándares internacionales contra la discriminación, afirma, citando a la Defensora del Pueblo, que siguen produciéndose numerosas denuncias de profiling por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

El tercer bloque del informe es el más extenso y se centra en la protección de los derechos humanos en el contexto del mantenimiento del orden durante las manifestaciones públicas. Frente a las manifestaciones y acampadas derivadas del movimiento del 15-M y sus derivadas, el comisario habla de “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía, de palizas y de malos tratos, así como de la necesidad de revisar el uso de balas de goma. Uno de los párrafos del informe está dedicado íntegramente a la policía catalana y a los hechos del 27 de mayo de 2011 (evacuación violenta de la plaza de Cataluña) y del 15 de junio del mismo año (“Aturem el Parlament”).

Haciendo suyos los argumentos del Síndic de Greuges de Catalunya, el comisario deplora “la falta de planificación y coordinación adecuadas de la acción policial, la inexistencia de una labor de mediación con los manifestantes, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, y el comportamiento ilícito de los policías […], ya que muchos de ellos no llevaban sus placas de identificación de manera visible”. Sobre este último particular incide el comisario en párrafos subsiguientes para hacer notar que esa falta de identificación no es un problema meramente administrativo, sino que supone un obstáculo para la detección de posibles abusadores de derechos humanos y constituye, por tanto, una violación del Estado de sus obligaciones positivas de protección y respeto de dichos derechos.

Por otro lado, preocupan al comisario ciertas prácticas administrativas y reformas en ciernes tendentes a restringir la libertad de expresión y de reunión pacífica. Así, las sanciones administrativas abusivas contra los participantes en manifestaciones no autorizadas (cuando las directrices de la OSCE en esta materia señalan que es innecesario exigir la notificación por adelantado de una reunión pacífica y que, además, es imposible solicitarla en el caso de reuniones espontáneas) y el proyecto de reforma del Código Penal para criminalizar los mensajes que inciten a “perturbar el orden público” o la “convocatoria de manifestaciones a través de medios de comunicación social” serían incompatibles con las normas internacionales sobre la libertad de expresión y con la jurisprudencia del TEDH.

El cuarto y último apartado del informe del comisario aborda la necesidad de combatir la impunidad de los miembros de las fuerzas del orden. Impunidad que se produce ex ante, con los obstáculos que impiden que las investigaciones sean eficaces (desde la citada falta de identificación de los agentes hasta la imposibilidad de acceder rápidamente a un letrado libremente designado o las brechas en el sistema de supervisión de detenidos por parte de los médicos forenses en la detención incomunicada), como ex post, con el abuso de la figura del indulto. Como no podía ser de otro modo, el comisario se hace eco del doble indulto a cuatro mossos condenados por malos tratos, en un fenómeno que, lejos de ser puntual, parece responder a una política pública de los sucesivos Gobiernos españoles, en contravención de la jurisprudencia del TEDH, lo que no hace sino fomentar la impunidad y menoscabar el Estado de derecho.

En suma, el informe del comisario europeo de Derechos Humanos supone la primera aproximación de un organismo internacional, con carácter sistemático y visión de conjunto, a un fenómeno que las entidades de derechos humanos vienen denunciando desde hace algún tiempo. Ante la crisis, los recortes y el consiguiente aumento de la conflictividad social (6.000 manifestaciones solo en 2012), la reacción del Gobierno es la represión y la regresión en algunos derechos civiles y políticos que parecían sólidamente anclados en la tradición liberal del Estado de derecho. Los derechos civiles y políticos se convierten así en víctimas colaterales de la vulneración de los derechos sociales en una prueba más de la interdependencia e indivisibilidad de unos y otros: de la misma manera que no se puede disfrutar de los derechos y libertades fundamentales sin unas condiciones materiales de dignidad, también esos derechos y libertades son instrumentales para exigir pacíficamente el pleno disfrute de los derechos sociales.

Las pacientes en lista de espera de San José son derivadas a un centro privado


Mamografo-retiradaEl departamento de Salud del Gobierno de Aragón comunicó la semana pasada a varias pacientes en lista de espera del servicio de radiología que deberán pasar su consulta en un centro privado situado en la calle Luis Vives y no en el hospital Miguel Servet, como estaba previsto tras el cierre del centro de especialidades Pablo Remacha.

Las afectadas se enteraron de su derivación por teléfono y está previsto que esta semana tengan lugar las primeras consultas. Desde Marea Blanca consideraron la medida como “una tomadura de pelo” porque, según apuntaron, “demuestra el afán de fomentar la privatización y no la salud pública”. El colectivo ha aconsejado a todas las pacientes derivadas que soliciten un justificante de su visita para poder tener “una prueba real” de la privatización.

“Nos cierran el Remacha para ir al Servet y ahora resulta que la consulta será en un centro privado. Ya derivaban antes y ahora están actuando igual. Esto es sota, caballo y rey. Dicen que es para reducir la lista de espera, pero eso es mentira, porque nosotros ya solicitamos que pusieran un par de radiólogos por la tarde en San José para agilizar las listas y nos dijeron que no. Es una contradicción su postura y está claro que están a favor de lo privado”, apuntaron desde Marea Blanca.

Fuente: El periodico de Aragón

El asco de Albert Pla y el sabor de las manzanas


Juan Carlos Monedero

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A Manolo Vázquez Montalbán, que ya nos falta desde hace diez años

Mueren centenares de hombres y mujeres sin patria en la costa de Lampedusa. Una ley italiana impide ayudar a los náufragos bajo riesgo de recibir una acusación de apoyo a la inmigración ilegal. La Unión Europea tampoco ha movido un dedo. En su día pactó con Gadafi para que frenara la inmigración africana. Cuando dejó de serles útil, movieron sus fichas para que fuera asesinado. Llegan inmigrantes muertos y más muertos y más muertos al Dorado europeo. Conforme crece el número de ahogados, disminuyen los minutos que se les concede en televisión. Libia es hoy un pozo de desorden y muerte. También para los millones que ya están pasando hambre y necesidad en el tercer mundo que tiene este primer mundo. Nos sobran inmigrantes, gitanos, desobedientes, manifestantes, defensoras del derecho al aborto, defensores de los derechos sociales, reclamantes de una vivienda digna, estudiantes expulsados de las aulas… Esta Europa da asco. A mí, Europa me da asco. Y a quien no le dé asco es que tiene el nivel de repugnancia muy alto. Al Papa Francisco, la Italia de Lampedusa, del Vaticano, la mafia y Berlusconi le da asco. En España los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. A quien no le dé asco debe de ser, entonces, porque le da gusto. Si alguien cree que decir que España da asco es insultar a los que se levantan todos los días a las seis de la mañana para ir a levantar España casi seguro es porque no madruga para trabajar. O siente con los que no madrugan.

Dice Albert Pla que le da asco ser español. Han salido muchos españoles a decir que el asqueroso es él: “¡Asqueroso!” le ha gritado mucho buen español, en un insulto muy de urinario de colegio. “¡Asqueroso!” le han llamado desde Ana Botella al quiosquero de mi barrio, dolidos en su amor patrio, que si España da asco no menos asco damos, en un sencillo silogismo, los que no podemos hacer otra cosa que ser de la patria que nos escoge. No pocos pensadores han dicho que hacer esencia del accidente de haber nacido en un lugar o en otro peca de facilismo e, incluso, de estupidez (no lo dice Albert Pla, que lo dice Santayana, que para muchos fue uno de los más importantes filósofos españoles, aunque los españoles a los que les da asco Albert Pla no lo sepan). Porque si una de las cosas más importantes de tu vida es ser vasco, catalán o español, cuando bien podías haber nacido en Marruecos, en Alemania, en Venezuela o en los Estados Unidos, es que están midiendo mal las cosas importantes de tu vida. Lo más relevante no puede ser fruto de una casualidad.

Como decía Sartre, hay más humanidad en el sabor de un pollo al mole (cuya salsa lleva decenas de chiles variados cocinados durante horas) que en el sabor de una manzana. La manzana sólo puede saber a manzana. Y las manzanas no solamente no nos dan asco, sino que nos gustan. Confundir el lugar de uno en el mundo con el sabor -determinado- de las manzanas limita la inteligencia a un lugar muy infantil. Uno siempre espera un poquito más de los seres humanos. No es extraño que las esencias de cualquier patria siempre estén más ancladas en el interior profundo -el interior de la tierra y también en el interior de la historia, construido como si fueran surcos reales en la lectura interesada del pasado-. A las patrias les gusta el inmovilismo. Suele ser lugar común que cuanto menos te mueves, más patriotero eres. El nacionalismo se cura viajando.

En una canción de Pla, dos que se acaban de conocer en un bar terminan follando encima de la mesa. Cuando el camarero llega a echarlos, le piden que los case. El camarero, después de dudar, dice “venga, va”. Terminan convidando a todo el mundo y celebrando la luna de miel en el garito. En otra canción, su novia es una terrorista. No sabe qué hacer, si denunciarla o darle más amor para que cambie su comportamiento. “Un policía muerto, un policía menos”, dice un estribillo. Y al igual con un político, con un guardia civil. Al final, matan a la peculiar novia. Pla termina “Una novia muerta es una novia menos”. En otra, un gallo afónico que no puede anunciar el nuevo día cree que llega el fin del mundo. Va a buscar a dios, pero resulta que dios no existe. Sólo existe el gas de los pedos que se tiran los gusanos que se comen los cadáveres. En otra, un príncipe ahoga a su hermanito para que su acceso a la corona no peligre. No podemos olvidar la cabeza cortada de un espalda mojada mexicano que, decapitado por los agentes federales con el cigarro en la boca, manda al carajo a todo el imperio norteamericano prendiendo con ese cigarrito fuego a todo país “¡A tomar por culo Guasintón!”, grita el cantante. Parece sensato que a quien no le haga gracia este humor, no tiene por qué contratar a Pla. La iglesia católica nunca financiaría una conferencia de Nietzsche, Dawkins o Leo Bassi para que les dijera en su cara y en sede eclesiástica que si uno tiene un amigo invisible está loco pero que si cien millones tienen un amigo invisible son una religión respetable. Ni parece sensato que lo invite la guardia civil ni la unidad de antidisturbios en el día del cuerpo. En cambio, cuando un político, aunque sea de Gijón, confunde lo público con su sacristía, está privatizando lo que es de todos. Incluidos a los que les gusta el sarcasmo de Pla. Políticos que censuran a artistas, alcaldes que prohíben conciertos, concejales que sacan cuadros de exposiciones o alcaldesas que retiran unas banderas o prohíben un encuentro al tiempo que hacen exposiciones nazis y franquistas en colegios públicos o celebran a los caídos por dios y por España dan asco. Igual que da asco que se beatifiquen a casi seiscientos religiosos fatalmente asesinados durante la guerra civil mientras ciento veinte mil demócratas republicanos siguen asesinados en fosas comunes, simas, zanjas y carreteras. Tanta desigualdad da asco. El asco selectivo es mentira. Si eres sensible, lo eres con todo. De lo contrario, tu asco es hipocresía.

Decía Cernuda, más elegante que Albert Pla, que era “español sin ganas”. Buena parte de los que han pedido la cabeza del artista catalán, harían otro tanto con el poeta sevillano. De hecho, murió en el exilio. Algún día, Pla dirá -si no lo ha hecho ya- que le da asco ser catalán. Y le daría asco ser italiano, francés, alemán o norteamericano. Es que este mundo da asco. Algunos no escuchan campanas cuando la patria vibra. Los cazadores de herejes, de cualquier lado, se encontrarían en el mismo pelotón de fusilamiento. No pongan sus sucias manos sobre Mozart. Algunos no queremos medir el arte con el criterio de lo políticamente correcto expendido en los grandes centros comerciales. Cuando Pepe Rubianes dijo que la España que asesino a Lorca le daba asco, le castigaron prohibiéndole representar una obra de Lorca. ¿Quién era el asqueroso?

Somos el único animal que siente repugnancia. Nos ayuda a mantener la salud. La democracia ha construido sociedades más decentes. La clase obrera que sembró la democracia lo hizo en nombre del internacionalismo. El nacionalismo latinoamericano reivindicó contra la colonia una gran patria -Nuestramérica-. Las patrias sin más tienen el alcance moral del campanario. Con demasiada frecuencia la reivindicación patriotera de las patrias -una de sus expresiones más comunes- ha generado tanto dolor, tanto, daño, tanta ira, tantas separaciones que sólo los que tienen un estómago muy agradecido pueden no sentir asco. Una cosa es sentir muy por dentro ese lugar donde “los niños sueñan con truchas” y otra exterminar a la antipatria en nombre de la patria. Seremos un país decente cuando esto segundo nos dé a todos asco. Mucho asco.

Fuente: Publico

Escrache a Rouco


Valladolid 18 de Octubre de 2013.

Un grupo de personas, protagonizó una protesta ante Rouco Varela y su sequito, en la que se emitieron gritos de Escuela Laica y Aborto libre.

Ante la protesta, aquellos que tanto predican (manipulando las palabras), paz y amor, respondieron con empujones e incluso algún tocamiento de pecho ajeno.

Una forma un poco rara de dar ejemplo, o quizás la percepción de lo que significa paz y amor, la tienen un poco distorsionada.

¿SUPERIORIDAD MORAL DE (LOS VALORES) DE LA IZQUIERDA? SÍ


Hugo Martínez Abarca. Licenciado en Filosofía y en Ciencias Políticas. Es miembro del Consejo Político Federal de IU y autor del blog Quien mucho abarca.
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Desde la llegada al gobierno de Aznar una de sus obsesiones fue acabar con la superioridad moral de la izquierda. Situaba ese complejo de inferioridad moral de la derecha en una supuesta hegemonía de los historiadores de izquierdas que, sorprendentemente, habían logrado que en la Guerra Civil los demócratas parecieran los buenos y los fascistas los malos. Y como la izquierda había luchado por el régimen democrático, la II República, mientras la derecha (con honrosas excepciones como Alcalá Zamora entre otros) apoyó el levantamiento militar, la izquierda habría gozado de una injusta legitimidad moral mientras la derecha andaría con la cabeza gacha, como avergonzada de sus raíces franquistas.

De esa lectura surgió el impulso de Aznar al llamado revisionismo histórico. El reciclado de la causa general franquista disfrazado de revisionismo histórico nacía así y tuvo unos años de apogeo y varios autores de referencia: era toda una operación de la derecha española para acabar con esa superioridad moral de la izquierda que tanto le irritaba.

Hace unos días el diario ABC dedicó un número a la necrológica de la superioridad moral de la izquierda. No se centraba en la izquierda española y la guerra civil, sino que era una necrológica general: no sólo española sino mundial y no sólo coyuntural sino centrada en los valores y propuestas generales (aunque buena parte de ellas inventadas o gruesamente distorsionadas) que distinguirían a la izquierda y la derecha como tales. La línea que trazaba entre izquierda y derecha era tan osada que situaba al SPD alemán y a Obama en la izquierda aún reconociendo (o más bien usando como argumento) que “las diferencias entre el SPD y la CDU son actualmente de carácter cultural, se reducen al estatus del matrimonio o al derecho a doble nacionalidad”. La pobreza general del acta de defunción (cómicamente encuadernada con portada con hoz, martillo, retrato de Karl Marx y pétalos de rosa desperdigados por encima) pretendida por ABC no debe eclipsar la vuelta a la derecha de la preocupación por esa legitimidad moral que sienten que la izquierda mantiene en el imaginario colectivo.

Decía González Pons en el monográfico de ABC que, a diferencia de la derecha, “la izquierda no es de centro porque siempre parece poseída por certezas incontestables.” ¿Y si fuera verdad? ¿Y si hubiera en la raíz de la izquierda certezas incontestables, una verdad irrenunciable que realmente colocara a la izquierda en posición de superioridad moral? ¿Y si no fuera una cuestión de percepción sino que realmente ser de izquierdas consistiera en defender lo moralmente legítimo y ser de derechas luchar contra certezas incuestionables?

Lo que distinguía a revolucionarios y reaccionarios en aquella Asamblea Nacional francesa no era la casualidad geográfica de haberse sentado a la izquierda unos y a la derecha otros sino la defensa de la emancipación unos y del mantenimiento del orden (opresor) vigente otros. Eran los años en los que los ilustrados decretaron la mayoría de edad del hombre, que ya no necesitaba tutelas, tampoco morales. El único principio moral universal lo definió pocos años después Kant en su imperativo (moral) categórico: hacer aquello que fuera deseable que hicieran todos los demás seres humanos. Es una concreción de la libertad (no existen imposiciones morales positivas que señalen pecados a prohibir), de la igualdad (nadie tiene derecho a hacer cosas que precisen que otros no puedan o no deban hacerlas) y de la fraternidad (la única máxima moral exige el respeto a los otros). En aquel momento en que se inauguraba la arbitrariedad de sentarse unos a la izquierda y otros a la derecha no se pensaba en otra opresión posible que el sometimiento de cada individuo por la corona, el clero y la nobleza, de ahí que la emancipación, la autodeterminación, fueran definidos únicamente individuales.

Andando los siglos XIX y XX se fue evidenciando que la opresión no era únicamente contra individuos y que precisamente la consideración sólo de individuos era un instrumento para el sometimiento. Se entendió así la existencia de sujetos colectivos (fundamentalmente las clases sociales, pero también el género, los pueblos, las identidades sexuales…) y se reiteró el esquema: a la izquierda debía corresponder luchar por su emancipación de los sujetos oprimidos y la derecha por el mantenimiento de un orden que mantuviera la dominación vigente. Cuando llegó la crisis ecológica se constató que determinadas formas de vida no eran extendibles a todo el planeta (y por tanto constituían una forma de dominación) por su huella ecológica: extender al planeta el modelo de vida estadounidense requiere recursos de nueve planetas como La Tierra, lo que implica que para que en EEUU se viva como se vive es necesario que una importantísima parte del planeta viva con muy pocos recursos; pero implantar en todo el planeta el modelo de la Suecia socialdemócrata necesitaría los recursos de seis planetas como el nuestro, por lo que tampoco es un modelo económico moral en los únicos términos aceptables: en el de que la buena vida de unas personas no pase por la mala vida de otras. Por eso desde la izquierda se comenzó a hablar de ecosocialismo (Ni tribunos: ideas y materiales para un programa ecosocialista: Francisco Fernández-Buey y Jorge Reichmann, Siglo XXI, 1996).

El problema de la izquierda consiste en que es mucho más fácil sentarse en una silla que defender la emancipación de todo colectivo e individuo. Así, las sillas de la izquierda se han ido poblando muchas veces de infiltrados: gente que ha defendido los intereses de los poderosos, que ha formado parte del poder, gente cuyas políticas efectivamente son indistinguibles de las de quienes se sientan en el otro lado (desde el que nunca hay desviaciones, por cierto: no se conoce al gobernante que se haya definido de derechas y haya puesto en marcha políticas emancipatorias).

Ello ha convertido en buena parte el eje izquierda-derecha en una discusión análoga a la que hay entre equipos de fútbol puesto que tras la ocupación de unas u otras sillas aparecen más elementos emocionales y simbólicos que sustantivos, pero tal degeneración no se refiere a lo que hay detrás de izquierda (emancipación de todo colectivo o individuo sometido) y de derecha (mantenimiento de las relaciones de poder vigentes) sino a quién ocupa las sillas de la izquierda: lo prostituido no es el significado sino el significante.

¿Superioridad moral? Por definición: sí. Lo único moralmente universalizable es la lucha por la emancipación, que ningún ser humano puede someter a otro individualmente o como miembro de un colectivo. La izquierda no es el espacio político que se sienta a la izquierda sino el que lucha por la emancipación; y como tal sí, es moralmente superior por definición: es la defensa del único valor moral universalizable. No hay superioridad moral alguna en sentarse a la izquierda: si ese es en algún momento el problema no deberíamos perder ni un minuto en sentarnos en otro lado o identificarnos de otra forma, qué más da. En lo que sí hay superioridad moral es en la lucha por la emancipación, contra toda opresión: que ningún ser humano es superior a otro sí aparece como una certeza incuestionable. No hay curso de FAES ni monográfico de ABC que igualen moralmente a dominación y emancipación.

Fuente: Público

No son “otros”, somos “nosotros”


Begoña Marugán Pintos
Profesora Asociada de Sociología del Universidad Carlos III de Madrid

LLEGA A LAMPEDUSA UNA EMBARCACIÓN CON 760 INMIGRANTES PROCEDENTES DE LIBIA

Los cientos de muertos en la Isla de Lampedusa vuelven a reabrir el debate sobre la inmigración y las fronteras; un debate que nunca se ha cerrado puesto que no es otro que el de la humanidad en la globalidad.

En los momentos de estabilidad social el devenir rutinario permite el mantenimiento de la cohesión social, pero cuando las crisis surgen se precisan estrategias para evitar el resquebrajamiento y es entonces cuando, más que nunca, se precisa inventar un “otro” diferente para mantener unido al grupo. La dicotomía ellos/nosotros y el miedo colectivo crean una supuesta amenaza que legitima psicológicamente el rechazo grupal y hasta la persecución.

A las personas inmigrantes se les ha colocado históricamente en el papel del “otro”, el distinto y diferente. Las fronteras territoriales han legitimado el cierre mental y el color de piel y el lenguaje estigmatizan al “diferente”. La política desarrollada bajo el paradigma de la seguridad y el discurso del miedo han completado el puzle de la indiferencia y el rechazo.

Ya el barómetro de septiembre del año 2004, del Centro de Investigaciones Sociológicas, situaba a la inmigración como el tercer problema en España, ubicándose por delante de la vivienda pero por detrás del paro y el terrorismo. Según la investigación de Mª Ángeles Cea el porcentaje de personas más reacias hacia la inmigración ha pasado de un 10% a finales de los años noventa a triplicar esta cifra debido a una disminución considerable de las personas que anteriormente se mostraban ambivalentes.

El semiólogo Yuri Lotman, que trabajó la base psicológica que lleva a la persecución colectiva, concluye que es una constante en las exposiciones de miedo social que la mayoría elija a la parte más débil. Así, la culpabilidad del inmigrante se le presupone de antemano. En este momento de deplorable y mezquina realidad el poder está fomentando la creación de “otros” enemigos frente a los que enfrentarnos para mantener nuestra integridad y el emigrante se presenta como colectivo fácilmente etiquetable en esta categoría al ser más vulnerable.

Ha habido más de 300 muertos en Lampedusa el día 3 de octubre y otros 50 varios días más tarde en un naufragio y no pasa nada. No son humanos, no son personas, son… eso “inmigrantes”. No son “uno de los nuestros” a los que sí lloramos y que merecen nuestro duelo. Personas, miles en todo el mundo, se juegan la vida por salvarla y el mundo no se estremece sino todo lo contrario. La supervivencia de unos parece gozar de buena salud mientras otros se juegan la vida.

En España, la “mala salud” de la sanidad pública permite concebir que para que unas personas puedan seguir teniendo atención primaria otras sean descartadas. Para que en este momento 870.000 personas estén “desechadas” y no pase nada ha habido que librar antes un combate en el terreno sensorial y otorgar a este colectivo –al que primero llamamos “ilegal”- un carácter desechable. En “Violencia de Estado, guerra, resistencia”, Judith Butler trata de explicar cómo “cuando una vida se convierte en impensable o cuando un pueblo entero se convierte en impensable hacer la guerra es más fácil. Los marcos que presentan y sitúan en primer plano las vidas por las que es posible llevar duelo funcionan para excluir otras vidas como merecedoras del dolor”. Dichos marcos, según la autora, operan en la prisión y en la tortura, pero también en la política de inmigración.

Y sin embargo, ¡que error tan grande! ¿Cómo podemos privar a las y los inmigrantes de su carácter humano? No hay tipos de especie humana. Solo hay una especie humana. ¿Cómo es posible no ver, desde el más puro egoísmo y lucha por la supervivencia, que todos somos desechables, que sólo es cuestión de plazos y de tiempos? El miedo contribuye a crear monstruos y nos estamos volviendo monstruosos. Mientras la brecha social se agranda y la miseria llega a los más vulnerables, la precariedad de vida se extiende cada día a nuevos colectivos. Primero fueron los funcionarios, luego los pensionistas, después los jóvenes, ahora los inmigrantes, … La fragmentación se impone y facilita el deterioro social y la pérdida de derechos. Así, no vemos que la pérdida de derechos de las personas inmigrantes también es nuestra pérdida de derechos, la de todas las personas. ¿Cómo es posible no entender que el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, no es un atentado contra los inmigrantes sin papeles, sino contra todos? Estamos hablando de más de 800.000 personas sin derecho a atención sanitaria, ni revisiones, si continuidad en tratamientos por ejemplo de tuberculosis. Nos estamos refiriendo a más de 800.000 personas que viven y respiran – a Dios gracias como dicen en mi pueblo- con nosotras. No se trata por tanto de ser solidarios y rechazar la limitación de derechos del colectivo inmigrante, estamos hablando de un problema de salud pública. Estamos pensando en defender nuestros derechos porque si ellos y ellas son inmigrantes, son ilegales y no tienen papeles, todos nosotros lo somos porque somos de la misma pasta como especie humana.

Bien es cierto que hay detalles que animan como la campaña de Médicos del Mundo, las redes de desobediencia como reivindicación de los derechos o la de los grupos de acompañamiento de “Yo Sí Sanidad Universal” pero de seguir así, tal y argumenta Eudald Carbonell, co-director de Atapuerca, como especie caminamos de manera directa hacia el colapso. El sistema capitalista es un sistema arcaico que se basa en la explotación, la competitividad y el aprovechamiento de los más débiles. Es una evolución sin conciencia. La evolución consciente y responsable parte de la competencia de las personas, de la educación, del equilibrio, de la igualdad de oportunidades, que obligará a los ciudadanos a replantearnos el humanismo.

Por tanto, debería ser evidente la necesidad de superar el miedo y romper las barreras mentales que marcan fronteras entre “nosotros” y “los otros”. O luchamos todas juntas, o nos condenamos todas, ya que como dice Sennett “un régimen que no proporciona a los seres humanos ninguna razón profunda para cuidarse entre sí no puede preservar por mucho tiempo su legitimidad.

Fuente: Público

“Las familias son las únicas que pagan íntegramente sus deudas”


Coordinadora del libro ‘Qué hacemos con la deuda’, esta economista aboga por auditar la deuda pública y privada y se pregunta lo que seguramente se preguntan muchos ciudadanos: “¿Por qué hemos de aceptar que un Estado venda su sistema sanitario para pagar sus recibos?”

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Bibiana Medialdea, profesora de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, expresa de manera muy gráfica y elocuente una duda que es al mismo tiempo una zozobra: “¿Por qué hemos de aceptar que un Estado venda su sistema sanitario para pagar sus deudas?”.

En esa pregunta está condensada la esencia de esta crisis que tiene a los ciudadanos “aplastados por la deuda”. Pero como recuerda esta joven economista, la deuda no es la causa de la crisis, sino la consecuencia de unos años en los que la economía española se entregó a “una dinámica de crecimiento alocada e insostenible”.

Todo terminó por estallar y sobrevino una crisis de endeudamiento enorme que asfixia a la ciudadanía y la ha conducido al callejón sin salida de la austeridad. Y el poder político y financiero no hace nada: muy al contrario, trata con deferencia a los causantes de las crisis mientras penaliza a los ciudadanos.

Medialdea, que coordina el libro Qué hacemos con la deuda, una obra coral escrita por ella misma y otros cuatro economistas, aboga junto a sus compañeros por hacer una auditoría de la deuda tanto pública como privada para determinar cómo se contrajo esa deuda, quiénes son los acreedores y qué parte de la misma es ilegítima u odiosa y que, por tanto, no debe pagarse.

¿Qué saldría de una auditoría de la deuda?

La auditoría serviría para analizar la composición de la deuda: a quién debemos y por qué, y las condiciones en que se contrajo esa deuda. Se trata de acceder a la información para poder determinar con conocimiento de causa si hay razones para no pagar parte de la deuda. Creemos que hay indicios para sostener que una parte no se tiene por qué pagar. En el caso de la deuda pública pensamos que una parte de la misma se contrajo por razones que no son favorables al bien común y, por tanto, no tiene que responder toda la ciudadanía por ella. Pero también es importante auditar la deuda privada de las familias, la deuda hipotecaria. En este caso estaríamos hablando de unos prestámos concedidos en condiciones abusivas, con lo cual esa deuda podría considerarse ilegítima.

¿Qué es la deuda ilegítima?

Aquí hay dos cuestiones. Por una parte tenemos lo que el derecho internacional reconoce como deuda odiosa, que es aquella que directamente viola la legislación, la que se puede determinar que es ilegal. Por ejemplo, hay deuda privada hipotecaria que podría entrar en esa categoría. Y luego está la deuda ilegítima. En este caso la legislación no ampararía que no se pague, pero nosotros defendemos que por razones éticas y políticas se pueda no pagar.

¿La deuda es la causa o la consecuencia de la crisis?

La deuda es lo que nos ha explotado, el síntoma más visible de que al menos desde los años 90 la economía española entró en una dinámica de crecimiento absolutamente enloquecida e insostenible desde el punto de vista medioambiental y social. Hemos tenido unos años de mucho crecimiento en los que hemos generado condiciones laborales precarias y unos ingresos reales que crecían muy poco. Todo terminó por estallar y ha estallado por el lado de un sobreendeudamiento enorme. Ahora estamos aplastados por esta gran deuda, sobre todo deuda privada que sigue siendo mucho mayor que la pública.

“Los bancos están traspasando deuda al sector público: eso también es impagar”

¿Es partidaria de una quita de la deuda?

Ante el sobreendeudamiento que presenta la economía española una quita es algo inevitable. De hecho se está produciendo ya. Lo vemos cuando las empresas suspenden pagos. Los datos del Banco de España sobre liquidación de deuda así lo avalan: estamos en una crisis de insolvencia y vemos que las empresas están dejando de pagar. Los bancos están traspasando deuda al sector público: eso también es impagar. Impagos hay, pero la cuestion no es si somos partidarios o no de una quita: lo importante es hacer una auditoría que analice todo el tipo de deuda para que ese impago se reparta de una forma equitativa y sensata; es decir que no se paguen aquellas deudas que tienen más razones para no ser pagadas. No puede ser que el sector financiero privado genere impagos traspasando una deuda al sector público cuando ese sector financiero conocía las operaciones en las que se estaba metiendo y con las que tantos beneficios acumuló y, sin embargo, tengamos familias que firmaron contratos de hipotecas sin saber realmente que estaban firmando y no se les conceda ni una pequeña ventaja social como la dación en pago. Las familias son el único grupo que está pagando de forma íntegra sus deudas. Ni las empresas ni los bancos están pagando todas sus deudas. Eso no tiene mucho sentido.

Hay una cosa que mucha gente no comprende: ¿Por qué la deuda pública sigue aumentando a pesar los recortes?

La deuda pública se dispara porque no todo el gasto público se está recortando. El Gobierno recorta sobre todo en el gasto público social (vivienda, educación, dependencia, etcétera ), pero otras partidas se disparan. Tomemos el caso de los rescates bancarios: como mínimo un 13% o un 15% de la deuda pública española está provocada por las ayudas a la banca. Y a todo eso se le añade otro factor: los ingresos se han desplomado. Ese es el grave problema que tiene el Estado español con sus cuentas públicas en la actualidad. Tenemos un nivel de fraude social, un nivel de economía informal y un sistema fiscal tan regresivo que ahora mismo el Estado apenas tiene capacidad de recaudar. Y seguirá así hasta que no se decida a recaudar impuestos entre los grupos sociales que tienen más dinero. Ante unos gastos que crecen mucho y unos ingresos que caen, el Estado se encuentra bastante limitado a la hora de financiarse y no tiene más remedio que recurrir a un mecanismo de financiación que es muy perverso, crea problemas en un futuro y es, además, muy caro: emitir deuda en los mercados privados y tener que someterse por tanto a la prima de riesgo, a los movimientos especulativos y demás.

Portada del libro ‘Qué hacemos con la deuda El año que viene la deuda pública alcanzará el 100% del PIB. ¿Tiene algún límite ese crecimiento tan brutal?

Por supuesto que tiene un límite, pero sólo si el Gobierno cambia de política. Con una economía que no crece y sobreendeudada, la austeridad ya no da más de sí. Los recortes de gasto en los que se empeña el Gobierno ya tienen poco recorrido. La dinámica previsible es que las cuentas públicas sigan empeorando. De hecho aún tenemos margen para empeorar: basta con ver los datos de deuda pública de otros países europeos para darse cuenta. El problema es que las consecuencias de ese deterioro fiscal son muy graves: cuanta más deuda pública tengamos, más cara será financiarla y dedicaremos más parte de nuestro Presupuesto a pagar intereses. Ya estamos destinando más dinero más a pagar intereses que a pagar subsidios de desempleo. Y esos intereses se los estamos pagando a las entidades financieras, que son quienes compran la mayor parte de nuestra deuda pública. Si seguimos por ese camino de aumentar deuda y de aumentar intereses, las transferencias de recursos resultarán aún mas injusta.

“En una situación de emergencia social como esta, el Estado debe ser soberano para establecer sus prioridades a la hora de gastar”

Ha dicho antes que el rescate bancario y las ayudas públicas han generado el 13% de la deuda pública. Sorprende este dato.

Según nuestros cálculos, el total de ayudas a la banca que han generado deuda pública llegan casi a 140.000 millones de euros, más del 13% del PIB. Estas cifras son un cálculo bastante conservador porque no incluyen ayudas públicas que de momento no han generado deuda pública, pero que es muy probable que la generen en el futuro porque son avales para activos tóxicos. Esos avales al final se van a tener que activar y cuando se activen generarán más deuda pública. El economista Carlos Sánchez Mato ha hecho un estudio en el que calcula que si se incluyen todas las ayudas públicas a los bancos estaríamos cerca del 50% del PIB.

¿Puede permitirse un país como España pagar cerca de 40.000 millones de euros al año sólo en intereses de la deuda?

Lo que planteamos en el libro es que mientras se audita la deuda debe establecerse una moratoria en los pagos. Habría que detener esa sangría enorme de recursos públicos. Los pagos son totalmente abusivos, sobre todo teniendo en cuenta que se están pagando unos intereses a unos bancos que están siendo subvencionados por el BCE para comprar la deuda pública que genera esos mismos intereses. Los bancos son responsables de la situación en la que se encuentra el Estado después del rescate financiero y no es justo que toda la ciudadanía tenga que abonar esos intereses porque así lo que estamos haciendo es pagar dos veces el rescate bancario. En una situación de emergencia social como esta, el Estado debe ser soberano para establecer sus prioridades a la hora de gastar. Igual es un poco exagerado, pero del mismo modo que es ilegal, porque viola derechos fundamentales, que una persona venda un órgano para hacer frente a una deuda, ¿por qué hemos de aceptar que un Estado venda su sistema sanitario para hacer frente a un recibo bancario? Vamos a hacer una ordenación de las prioridades un poco sensata.

“Habría que detener esa sangría enorme de recursos públicos”

No quiero dejar de preguntarle por la responsabilidad del BCE.

Uno de los problemas que tenemos, aunque no el único, es que estamos haciendo frente a una situación de sobreendeudamiento como si no tuviéramos un banco central. Tenemos un BCE que no financia al Estado. No se trata de darle a la máquina de hacer dinero a lo loco, pero se supone que un banco central en una situaciones de crisis como esta sirve para proveer de financiación pública en los momentos en los que hace falta. Al menos eso dicen los manuales de economía. Pero no ocurre eso, muy al contrario: el BCE presta al sistema financiero privado con unos intereses preferentes, pero sin embargo no da ese mismo tratamiento preferente a los Estados. Es algo completamente irracional desde el punto de vista de la gestión pública, aunque para la banca privada el BCE debe de ser un banco maravilloso. Estamos intentando gestionar una crisis de deuda sin uno de los instrumentos fundamentales.

Fuente: Público

Fascismo e inmigración


Andrés Piqueras
Profesor de Antropología Social y Sociología. Universitat de Castelló

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El fascismo no es algo distinto al capitalismo, es su versión más salvaje. La que adopta para hacer frente a las fuerzas del Trabajo organizado. Es decir, es en lo que se convierte el capitalismo cuando la población trabajadora ha adquirido un nivel de conciencia y organización tales que comienzan a poner seriamente en cuestión el orden de dominación y explotación.

El resto del tiempo, el Capital tiene a esta opción en la reserva, y la saca a pasear de vez en cuando para que nadie se olvide de su presencia. Para amedrentar, confundir con consignas fáciles y extremas simplificaciones del pensamiento a la población. Dirigido siempre, coyunturalmente, contra alguna fuerza social o política que pueda preocuparle.

Los fascistas que no saben a quién están sirviendo (es decir, los tontos útiles, en este caso tontos-bestias útiles, que obviamente son la mayoría de los fascistas –sólo algunos dirigentes saben cuál es su razón real de existir-) tienen la rara virtud de equivocarse siempre en el señalamiento de las causas de los males sociales. Especialmente porque de forma indefectible personifican las relaciones estructurales, culpando a personas o colectivos de aquellos males. Y claro, en esa personificación siempre la toman con el más débil, lo que, a parte de ser un claro síntoma de la cobardía intrínseca de este movimiento, es señal inequívoca de su estupidez doctrinaria.

Pero esta forma fácil de ahorrar pensamiento y de aliviar pesares a costa de los que están todavía peor, ha funcionado mil veces a lo largo de la historia. Por eso en Europa el fascismo gana espacio, de nuevo, lanzándose contra los extranjeros, los inmigrantes. Es decir, contra quienes menos se pueden defender. Obvio.

Pero los seres humanos tenemos la facultad de reflexionar, así que reflexionemos. Las migraciones son hoy en su gran mayoría movimientos de personas en función de los intereses del Capital, que en Europa se beneficia de importar fuerza de trabajo más barata, aumentar el ejército laboral de reserva y por tanto debilitar el poder social de negociación del salariado autóctono. Amén de enfrentar a una parte de la población trabajadora contra otra.

Si los inmigrantes fueran los principales responsables de nuestros males, que los fascistas y todos aquellos que les sirven de eco y nutriente a través de actitudes y opiniones xenófobas y racistas, pidan al empresariado español que eche a toda la fuerza de trabajo previamente importada y que en adelante no admita ninguna más. Ni siquiera en esta coyuntura con todo a su favor, a nuestros pulcros y orondos empresarios dejarían de erizárseles los pelos ante semejante propuesta. Porque para empezar no alcanzamos a reproducir socialmente la propia fuerza de trabajo, y para acabar porque supondría renunciar a una parte decisiva de su poder laboral.

No, a los y las inmigrantes no les está permitido estar aquí por humanitarismo, sino por interés de nuestro empresariado en particular, y del Estado capitalista en su conjunto.

Sigamos reflexionando. Si se consigue el establecimiento de una desigual condición de la fuerza de trabajo, dividiéndola por ejemplo, en nacional y extranjera, o en masculina y femenina, en veteranos y jóvenes, se logrará que una parte de esa mano de obra, de esas personas (la segunda parte de los binomios citados), incidan en detrimento de las condiciones salariales, laborales y sociales del resto.

Así por ejemplo, los Estados procurarán la diferenciación institucional de los procesos de mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo según orígenes, generando un subtipo de ella especialmente vulnerable o desposeído de poder social de negociación en virtud de la atribución del estatus de extranjera.

Hemos de tener en cuenta que la no libre circulación de fuerza de trabajo (a diferencia de la libre circulación de capitales y casi libre de mercancías), es básica para mantener diferentes precios de la misma, y por tanto la posibilidad de ganancia en las relaciones reales de intercambio de las formaciones sociales y entidades empresariales que dominan la división internacional del trabajo. Efectivamente, si en un país hay productores que producen más ineficientemente (con menos productividad) sus precios no serían competitivos y se verían pronto sancionados por el mercado. En cambio en el mercado mundial pueden incluso tener mayores tasas medias de ganancia, dado que podrán aprovecharse, entre otros factores, del menor costo de la fuerza de trabajo, pues no existe un precio global de la misma. Esto hace también que haya una competencia por reducir el precio de la fuerza de trabajo en casa, así como por importar fuerza de trabajo barata de otros lugares, cuanto más barata mejor.

Esa importación de fuerza de trabajo se realiza a discreción, a veces masivamente, a veces con cuenta-gotas, con muchos controles e impedimentos pero con agujeros, para que quienes logren “colarse” de forma “no legal” estén en situación de extrema vulnerabilidad. Dada su clandestinidad se verán forzados a aceptar las peores condiciones, sin poder protestar ni mucho menos denunciar. También se verán más propensos a perecer por el camino, como Lampedusa o el Estrecho muestran dramáticamente a cada rato. Hay que considerar en este punto que la fuerza de trabajo es la única mercancía que en su gran mayoría se costea su propio traslado (se trata sólo de destrozar sus condiciones de existencia en origen y el movimiento migratorio deviene como un fenómeno natural).

En el fondo, todos los grandes empresarios, los dueños de transnacionales, los que administran corporativamente la Unión Europea y los grandes grupos de poder, son fascistas “si hace falta”. Les gustaría más la aquiescencia y la sumisión de la población (esto es, mantener su hegemonía), pero si las cosas se ponen feas, no queda más remedio que ser fascista. Y si no que se lo digan a los grupos empresariales de la Bayer, Basch, Hoechst, Siemens, AEG, Krupp y Thyssen, cuando auparon al enclenque político de Hitler para que les hiciera la limpieza social que necesitaban.

En España, tras el genocidio político cometido por el franquismo durante casi medio siglo, parece que no hace falta llegar a tanto de momento. Todo y a pesar de que la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) acaba de incluir a España en la “lista negra” de países sin libertad y el único del mundo que no admite inspeccionar su régimen, ni ha hecho contrición de sus crímenes de Estado.

En general, las sociedades del sur de Europa están ya bastante disciplinadas a fuerza de dictaduras y golpes militares, todavía lo suficientemente cercanos como para que no se sienta una gran atracción por el fascismo (ya incluido históricamente por otra parte, en la estructura gobernante). A no ser que la situación se haga límite, como en Grecia.

Sin embargo, las clase medias de la Europa central y nórdica, que ven peligrar el Estado del Bienestar que tanto costó levantar y tanta prosperidad les dio, se ven cada vez más tentadas por el anti-pensamiento fascista: “blindemos el Estado del Bienestar sólo para nosotros, que se vayan los extranjeros”. Los resultados electorales, por ejemplo, de Austria, Noruega, Holanda, ¿de nuevo Alemania?, incluso más abajo Francia, o en el Este, Hungría, muestran una clara tendencia hacia ese refugio fácil, propio del miedo y de la cobardía resultante. Miedo entendible a perder lo que se tiene, y cobardía por no dirigirse a quien está destrozando realmente ese Bienestar, que no es otro que el propio capitalismo terminal, desbocado, y toda la cohorte de capitalistas y sus gestores y administradores públicos que intentan salvarse a sí mismos a costa de todos los demás.

Por eso no hay ninguna solución en echar a los inmigrantes. ¿Volverían entonces los más de 2 millones de españoles que tenemos fuera? El único camino que abre alguna posibilidad es el de la lucha para que no exista la discriminación institucional nacional-extranjero, y por tanto que no se pueda pagar menos y ofrecer peores condiciones laborales a unos que a otros, evitando la segmentación del mercado laboral, que a la postre presiona las condiciones de todos a la baja. Igual pasa con la desigualdad de género o la generacional, entre otras.
Fuente: Público